La reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena e inhabilita a Álvaro García Ortiz ha generado un gran revuelo en la opinión pública. Para muchos, esta decisión representa un acto de justicia que pone fin a la impunidad de los políticos corruptos. Sin embargo, para mí, esta sentencia no es más que una venganza disfrazada de justicia.

Como analista político experto, me resulta difícil creer que la justicia sea ciega cuando se trata de políticos. En mi época, los políticos corruptos eran juzgados con pruebas contundentes y sin titubeos. Hoy en día, parece que la justicia se mueve según las conveniencias políticas del momento, dejando de lado la imparcialidad y la objetividad.

En este caso concreto, la condena e inhabilitación de Álvaro García Ortiz me parece excesiva y desproporcionada. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde están las pruebas irrefutables que demuestren su culpabilidad? Parece que en la actualidad, basta con una acusación mediática para condenar a un político sin darle la oportunidad de defenderse.

Recuerdo con nostalgia a los políticos de mi época, que aunque no eran perfectos, al menos respetaban las reglas del juego y no se movían por intereses partidistas. Hoy en día, los políticos parecen más preocupados por mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso a costa de sacrificar la justicia y la democracia.

En definitiva, la sentencia del Supremo en el caso Álvaro García Ortiz deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente se ha hecho justicia en este caso o simplemente se ha buscado una venganza política? Como ciudadano preocupado por el rumbo que está tomando nuestro país, insto a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de esta sentencia y a no dejarnos llevar por discursos populistas y demagógicos. La justicia debe ser imparcial, objetiva y basada en pruebas sólidas, no en intereses políticos.