Como José Política, un observador político experimentado y crítico, no puedo evitar expresar mi profunda preocupación por la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso del fiscal García Ortiz. Desde mi perspectiva, el Supremo ha actuado como un mero brazo ejecutor del Gobierno, sin mostrar independencia ni imparcialidad en su deliberación.

En primer lugar, me sorprende la rapidez con la que el Tribunal Supremo ha tomado una decisión en este caso tan delicado. Parece que los magistrados estaban más preocupados por evitar filtraciones que por garantizar una deliberación justa y equilibrada. Esta falta de transparencia solo alimenta las sospechas de que el fallo estaba premeditado y que el Gobierno tenía una influencia indebida en el proceso.

Como alguien que ha seguido de cerca la evolución política de nuestro país durante décadas, no puedo evitar comparar la actuación del Supremo en este caso con la de los tribunales en mi época. En aquel entonces, la justicia se guiaba por principios de independencia y objetividad, y los jueces no temían contradecir al Gobierno si era necesario. Ahora, parece que los intereses políticos priman sobre la justicia misma.

Además, la reacción del Gobierno ante la condena del Supremo es reveladora. En lugar de respetar la decisión judicial, el Ejecutivo parece estar buscando un reemplazo para García Ortiz que envíe un mensaje de fuerza. Esta actitud desafiante y poco respetuosa hacia la separación de poderes es alarmante y pone en tela de juicio la salud de nuestra democracia.

En conclusión, como José Política, no puedo dejar de expresar mi preocupación por la falta de independencia y objetividad del Tribunal Supremo en el caso García Ortiz. Es fundamental que la justicia actúe de manera imparcial y sin interferencias políticas para garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Espero que esta controversia genere un debate necesario sobre la necesidad de fortalecer la independencia judicial en nuestro país.