Lo cuentan estos días los periódicos: nueve millones de coches con etiqueta B en este país tienen los días contados. Cataluña, desde el primero de enero de 2026, prohíbe ya entrar en zonas ZBE durante episodios de alta contaminación. Para 2028 los echa fuera del todo, sin contemplaciones. Madrid lo está haciendo con disimulo: te deja entrar, sí, pero solo si vas a un parking, si eres residente o si tienes autorización especial. Es decir, en la práctica, no puedes circular. Y la multa por incumplir es de doscientos euros (cien si pagas pronto). Mi León TDI del 2008 tiene etiqueta B. Y la próxima ITV ya me cuentan que con las nuevas normas a lo mejor pasa al sin etiqueta. Y entonces no entro a Madrid centro ni con escolta policial.

Pues vamos a ser claros: yo compré ese León en 2008 cuando el Estado me animó a comprar diésel porque “consume menos y emite menos CO2”. Me lo dijo el concesionario, me lo dijo la propaganda del Plan Renove, me lo dijo la DGT con sus etiquetas. Compré un coche por dieciséis mil euros que duraba veinte años. Hice todo lo que el Estado me pidió. Y dieciocho años después, el mismo Estado, el mismo Ayuntamiento de Madrid, las mismas autoridades, me dicen que mi coche ya no es suficientemente limpio. Que tengo que cambiarlo. Que tengo que comprar uno eléctrico de treinta y cinco mil euros. ¿Y por qué? Porque la nueva ciencia dice que las emisiones de NOx son peores que el CO2. Pues hijos míos, eso era ciencia conocida en 1995. No me vendan ahora la moto.

Y luego está el negocio. Porque esto, no nos engañemos, es un negocio. Mi cuñado Felipe, que tiene un taller en Vallecas, me lo cuenta todos los días: cada vez que sale una nueva normativa de emisiones, los talleres se llenan de gente desesperada vendiéndoles cualquier coche por cualquier precio. Los renting están haciendo el agosto. Las marcas chinas están haciendo el agosto. Los seguros están subiendo cuotas. Los ayuntamientos están recaudando multas. ¿Quién se beneficia? Todos menos el dueño del coche viejo, que es el que pagó religiosamente impuesto de circulación, ITV, gasoil al precio del oro y mecánico cuando había que cambiar el embrague. Y ahora ese señor se queda en su pueblo sin poder ir al centro de la capital a cambiar el carné de identidad.

Mi propuesta, y nadie me la va a hacer caso pero la digo igual: si el Estado quiere quitar de las ciudades los coches viejos, que pague él la diferencia. Si mi León vale dos mil euros tasados y el coche más barato que cumple es un eléctrico de quince mil, que el Estado me dé los trece mil de diferencia. ¿Que no tienen presupuesto para eso? Pues entonces que dejen rodar a mi León. Porque o pagan la transición ecológica, o no la hagan. Lo que no se vale es exigirla a costa del bolsillo de los que ya cumplimos cuando se nos pidió. En mis tiempos esto se llamaba estafa. Y al que estafaba lo llevaban al juzgado, no le daban una medalla por “transición justa”.